Por incumplimiento de funciones que posibilitaron la sublevación policial, y no haber garantizado la seguridad interna y la gobernabilidad del Estado.
El gobierno busca culpables superficiales de la revuelta policial, cuando el principal causante de que la protesta por la reivindicación salarial de los gendarmes se saliera de control, fue por la ausencia de la intervención del ex-ministro del interior Gustavo Jalkh.
Su inacción permitió la conmoción que puso en riesgo la seguridad nacional, sin embargo el gobierno no ha presentado ni un solo indicio de responsabilidad a quien por norma constitucional le correspondía en estricto cumplimiento de sus funciones actuar en defensa de la seguridad nacional resguardando todo derecho humano.
En lugar de esclarecer su ineficaz acción como ministro de Estado, dos meses después del 30 de septiembre el gobierno le retira del cargo simplemente para eludir responsabilidades y liberarlo de toda culpabilidad. Sin embargo, al puro estilo de la inquisición los oficialistas degollan presuntos culpables apresados en una malintencionada casería de brujas, capturando a los más débiles desprotegidos de toda justicia, razón y derechos.
El gobierno debe dar una mínima muestra de que tiene la intención de debelar esta encrucijada política, lo cual implica reconocer que existen responsables dentro de su gobierno. Una realidad que nunca será asumida por el mandatario pero que puede estar próxima, si el pueblo ecuatoriano denuncia a los verdaderos culpables y exige respuestas claras.
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